En una audiencia imputativa realizada el 27 de febrero de 2026 en los tribunales provinciales de Cañada de Gómez, la Fiscalía atribuyó a

un masculino, el delito de provisión ilegal de armas de fuego agravado por habitualidad en calidad de autor.

El juez de Primera Instancia, Àlvaro Campos, tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva del imputado por cuatro meses.

Según la fiscal Juliana Gonzalez, el masculino en cuestión, utilizando su condición de usuario legítimo registrado ante el Registro Nacional de Armas, adquirió armas de fuego con el objetivo de desviarlas al mercado ilegal, entregándolas a personas sin la calidad de usuarios autorizados.

El imputado tenía registradas a su nombre 36 armas, entre pistolas, revólveres, carabinas y escopetas, de las cuales adquirió 6 en 2024 y 30 en 2025, invirtiendo un total aproximado de USD 22.627, sin poder justificar legalmente la procedencia del dinero.

El 25 de febrero de 2026 se realizaron allanamientos en dos domicilios de Cañada de Gómez. En el primer domicilio, no se hallaron armas; mientras que en el segundo fue detenido el imputado y se secuestraron 14 armas, 12 a su nombre y 2 a nombre de terceros.

De las 36 armas que debería tener, se deducen las 12 secuestradas y tres pendientes de retiro en la armería. Las restantes 21 armas fueron entregadas de manera ilegal y habitual a personas no autorizadas, incluyendo pistolas calibre 380, 9 y 45, un revólver calibre 48 y una escopeta calibre 12.

Entre estas armas, se destaca una pistola Bersa calibre 380, vinculada a amenazas a transeúntes y a un hecho de abuso de armas registrado en Rosario, cuyo número de serie había sido suprimido.